Amnistía envió el pasado 1 de julio una carta a Repsol, Cepsa e Indra solicitando un "compromiso explícito" en esa línea, acompañada del informe "¿En nombre de quién? Los derechos humanos y el proceso de reconstrucción económica en Irak", documento en el que plantea el temor a que las prácticas de las empresas debiliten el Estado e incrementen la corrupción.

Por ejemplo, Amnistía pide la no participación de las empresas en proyectos en los que se establezcan desplazamietos forzados o arbitrarios de personas, la no discriminación por razones de religión, origen étnico, raza o sexo, o el rechazo a la compra u ocupación de propiedades que hayan sido arbitrariamente expropiadas en el pasado.

A COSTA DE LA GUERRA

Advierte de que las empresas no deben enriquecerse a costa de la guerra, por lo que los costes de los productos y servicios esenciales tienen que ser establecidos en función de las excepcionales circunstancias que vive Iraq.

Asimismo, solicita a las compaías que tengan en cuenta a las comunidades locales, que se aseguren de que las opiniones de las mujeres son escuchadas y que no fomenten las divisiones sociales a la hora de proporcionar los servicios básicos.

Por último, exige que se persiga la corrupción, el establecimiento de un sistema judicial justo, el respeto al medio ambiente y el apoyo al despliegue de inspectores de derechos humanos.