Con este propósito, AI intenta "mejorar la desesperada situación de derechos humanos" en Afganistán porque, a su modo de ver, ante "una situación de inseguridad cada vez mayor, dar prioridad a los derechos humanos y al Estado de Derecho puede servir para reforzar la estabilidad y la seguridad en todo el país".

Este decálogo de recomendaciones, difundido por AI, incluye cumplir las obligaciones internacionales contraídas por Afganistán en materia de derechos humanos, reformar el poder judicial y los órganos de cumplimiento de la ley y poner fin a las detenciones arbitrarias, las reclusiones ilegales y la tortura.

Combatir la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado; garantizar la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa; ayudar a las personas desplazadas y retornadas; dictar una moratoria y luego la abolición de la pena de muerte; proteger los derechos de la infancia; garantizar los derechos de las mujeres en la ley y en la práctica; y proteger a los civiles atrapados en el conflicto son el resto de consejos.

El director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, Sam Zarifi, aseguró que "muchos ciudadanos de Afganistán" han expresado a esta organización "su frustración y su enfado por la aparente indiferencia del Gobierno afgano respecto a los derechos humanos".

"Las autoridades gubernamentales y parlamentarias sospechosas de haber cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra están gozando de una impunidad flagrante. Además, se cree que muchas están implicadas en actos de corrupción y actividades delictivas, pero rara vez rinden cuentas de sus actos", añadió.

Zarifi indicó que, "mientras tanto, el pueblo afgano sigue sufriendo una mala gobernanza, una corrupción endémica, un sistema de justicia débil e inútil y una ausencia de respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho".