En un comunicado conjunto, ambas organizaciones muestran su preocupación por las "graves consecuencias" que un conflicto militar puede tener desde el punto de vista humanitario y de los derechos humanos sobre la población civil en Irak.

En la misiva, los presidente de ambas organzaciones recuerdan que el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas establece que la fuerza armada debe emplearse únicamente como último recurso, cuando todas las medidas para resolver la situación por medios pacífico se hayan agotado.

"Es probable que el recurso a la fuerza militar de lugar a consecuencias aún más devastadoras para gran parte de la población iraquí, ya aplastada por las graves violaciones de derechos humanos a la que la somete su gobierno y por efecto de las sanciones económica", señalan.

"Si Irak representa una amenaza para la seguridad internacional, le corresponde al Consejo de Seguridad tomar una decisión al respecto y las acciones correspondientes, en el marco multilateral de Naciones Unidas teniendo muy en cuenta los derechos humanos y el derecho humanitario internacional, que exige el respeto y protección de la población civil. Las Naciones Unidas se crearon para mantener la paz y promover los derechos humanos", continúa.

"Por todos los motivos expuestos, le insamos a que el Gobierno español, como miembro de Naciones Unidas y futuro miembro no permanente del Consejo de Seguridad, en todas las discusiones sobre acciones contra Irak".

En conclusión, solicitan a Aznar que impulse la resolución pacífica de la crisis dentro del ámbito multilateral de Naciones Unidas y que abra un debate en el seno de la comunidad internacional que aborde la seguridad de la población civil iraquí.