Según AI, esta política ha resultado en más de 66.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias; malos tratos y torturas; violaciones flagrantes al debido proceso; desapariciones forzadas, y la muerte de al menos 132 personas bajo custodia del Estado que, al momento de su fallecimiento, no habían sido declarados culpables de ningún delito.

“La sumisión de las instituciones responsables de procurar y administrar justicia en El Salvador ha provocado la instrumentalización del proceso penal, con el que se está castigando a muchas personas sin evidencia de que hayan cometido algún crimen, en su mayoría de zonas históricamente marginales”, declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En su opinión, “la muerte de 132 personas bajo la custodia del Estado, la detención arbitraria, el procesamiento penal masivo y el encarcelamiento indiscriminado de decenas de miles de personas son incompatibles con una estrategia de seguridad pública eficaz, justa y duradera". Agregó que “la violación sistemática de derechos humanos y el desmantelamiento del Estado de derecho no son la respuesta a los problemas que enfrenta el país. Al contrario, establecen precedentes muy peligrosos”.

El régimen de excepción se decretó en El Salvador el 27 de marzo de 2022 tras un pico de homicidios en el que murieron 87 personas, a causa de la quiebra del supuesto pacto que el Gobierno de Nayib Bukele mantenía con estas estructuras criminales para reducir los homicidios a cambio de ciertos beneficios para sus líderes.

Para Amnistía, “ el carácter sistemático de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del régimen de excepción se sustenta en la forma generalizada y sostenida en el tiempo en la que están ocurriendo; en el nivel de organización y planificación estatal en la que confluyen los tres poderes del Estado; en la impunidad y la falta de rendición de cuentas; en la falta de transparencia y acceso a la información; y en la criminalización generalizada de la pobreza, como elemento discriminatorio”.

“La sistematicidad de las violaciones de derechos humanos podría acarrear para los agentes del Estado salvadoreño una responsabilidad penal internacional individual, por el incumplimiento de sus obligaciones de prevención y sanción sobre estos hechos”, concluyó.