En su informe "Indignación pública: agentes de policía por encima de la ley en Francia", AI recoge numerosos casos que demuestran que, aunque las víctimas de violaciones de derechos humanos son hombres y mujeres de todas las edades, la inmensa mayoría de las denuncias afectan a ciudadanos franceses de minorías étnicas o a ciudadanos extranjeros.

AI recuerda que el derecho internacional prohíbe bajo cualquier circunstancia los homicidios ilegítimos, las palizas, los abusos por motivación racista y el uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

"Sin embargo, en Francia casi nunca se investigan eficazmente los informes de este tipo de violaciones de derechos humanos y sus responsables rara vez son puestos a disposición judicial", asegura AI en su informe.

Además, denuncia la "tendencia creciente" de acusar a personas que han sido víctimas o testigos de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de delitos como insultar o agredir a los agentes.

Amnistía recalca que, aunque no todas las denuncias contra la policía tienen fundamento, la discrepancia entre el número de denuncias presentadas y el número de sanciones disciplinarias impuestas hace surgir dudas sobre la minuciosidad e imparcialidad de las investigaciones.

En este sentido, afirma que de las 663 denuncias examinadas por la inspección de la policía en 2005, 16 desembocaron en despido, por 8 despidos de agentes sobre un total de 639 denuncias de violencia en 2006. Además, AI subraya que la fiscalía archiva sin llegar a juicio un elevado número de denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.