La organización ha expresado su preocupación a través de una carta remitida al ministro del Interior, José Antonio Alonso, en la que pide que no se utilice este instrumento.

AI asegura que, pese a que disminuyen el riesgo de muerte y de heridas, estas pistolas producen un fuerte dolor "pero no dejan marcas relevantes, lo que las convierte en un utensilio muy peligroso para la tortura y los malos tratos".

Según un informe de la revista "Policías de Canarias", que cita la organización internacional defensora de los derechos humanos, estas armas podrían estar siendo utilizadas en Canarias, Castellón o Sevilla.

Los casos documentados por Amnistía sobre el uso de estas armas en Estados Unidos o Canadá demuestran que no sólo se emplean "como último recurso y de manera proporcionada, sino que normalmente se utilizan como opción de fuerza habitual contra personas que no representan una amenaza para sí mismas o para terceros".

Asimismo, la organización señala que no existen estudios rigurosos sobre los efectos sobre la salud de las personas que produce la aplicación de la nueva generación de armas.