Treinta y dos de estos casos son mencionados detalladamente para ejemplificar la magnitud de este problema. Seis de ellos son de muerte bajo custodia policial y cinco de violación o asalto sexual por parte de los agentes del Estado.

La investigadora de la organización de derechos humanos encargada de elaborar este informe, Gillian Flemig, señaló en rueda de prensa que "los casos que hemos documentado demuestran un esquema de vulneración, por parte de agentes del Estado, de los derechos de integrantes de minorías étnicas o personas extranjeras en España. La discriminación de estas personas, tolerada por las autoridades, las hace más vulnerables a ser sujetos a tortura o malos tratos".

El informe de Amnistía documenta, entre otras cosas, que un número considerable de personas han fallecido durante el periodo de custodia; las mujeres imigrantes indocumentadas han sido particularmente blanco de tortura y de agresión sexual por parte de los agentes, así como que aquellos policías que tienen antecedentes penales o procedimientos disciplinarios pendientes se les ha permitido continuar en su trabajo y han gozado del apoyo de las autoridades políticas.

A su juicio, "este informe no quiere decir que el problema en España sea más grande que en otros países de Europa. Sin embargo, España, que ostenta la Presidencia europea, tiene un papel iportante a la hora de asegurar la conformidad con las normas europeas sobre la discriminación racial".

Asimismo, Fleming criticó que España, como puerta clave para la entrada de inmegrantes en la UE, parece estar todavía lejos de reconocer la existencia de estas prácticas y abusos en sus instituciones".

"Las autoridades españolas deben decidir si la identidad del país en el siglo XXI va a estar basada en actitudes racistas, o en la tolerancia de la diversidad y respeto a los derechos humanos", delaró Fleming.

Las personas agredidas mencionadas en este documento, que se presenta hoy también a nivel internacional en otros puntos del mundo, proceden de más de 17 países, incluyendo Marruecos, Colombia, Nigeria, Perú, Argelia, Brasil, Senegal, Congo, Ecuador, Gambia, Costa Rica, España, Francia y EEUU.

La presidenta de AI en España, Eva Suárez, manifestó que "la principal conclusión de este informe es que hay un número creciente de denuncias y de casos de malos tratos con componentes racistaspor parte de las fuerzas de seguridad del Estado en España".

Añadió que "el Estado, en ocasiones, no ofrece la suficiente protección contra la violencia racista y existen diversos factores que favorecen un clima de impunidad para los autores de estos hechos".

Suárez anunció que, durante los próximos meses, Amnistía Internacional va a desarrollar una campaña en diversas partes del mundo para intentar disminuir o erradicar las agresiones racistas en nuestro país. Para ello, la presidenta de la orgaización en España afirmó haber remitido este informe tanto al Ministerio del Interior, como al de Justicia, a cuyos titulares han solicitado una entrevista para analizar esta problemática.