En la misiva, AI denunció que se vulneraron el “derecho a la vida” al negarles “la atención médica oportuna a personas heridas y por la omisión del deber de socorro", y el “derecho a la integridad física”, por "malos tratos a personas bajo custodia policial marroquí".

Agregó que se produjo un trato "cruel, inhumano y degradante" que se reflejó en las condiciones de hacinamiento de personas bajo custodia de las fuerzas de seguridad marroquíes, y también un “uso excesivo" de la fuerza.

Además, señaló que a los migrantes subsaharianos se les negaron sus derechos a no ser devueltos de forma sumaria a terceros países; a solicitar asilo; a disponer de “una investigación eficaz y oportuna por abusos contra sus derechos humanos; y a “la libertad personal”, que establece que todas las personas deben ser protegidas frente a “detenciones o internamientos arbitrarios”. Según Amnistía, este último podría también incumplirse en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla.

La organización, que analiza a diario lo sucedido por si pudiera identificar nuevas vulneraciones de derechos –sobre todo en lo referido a personas que serán juzgadas en Marruecos-, valoró de “forma muy positiva” que la Fiscalía General y el Defensor del Pueblo inicien sendas investigaciones sobre lo ocurrido en la frontera.