Así lo pone de manifiesto el informe de Amnistía internacional publicado este lunes bajo el título 'Today or Tomorrow, They Should Be Brought Before Justice – Rape, Sexual Slavery, Extra-Judicial Executions and Pillage by Eritrean Forces in Tigray'.

Según sus resultados, las fuerzas de defensa de Eritrea (FDE) cometieron crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad en la región de Tigré “inmediatamente antes y después del Acuerdo de Cese de Hostilidades en noviembre de 2022”.

El trabajo documenta la responsabilidad de los soldados de las FDE, aliadas del gobierno federal de Etiopía, en relación con violaciones y esclavitud sexual, ejecuciones extrajudiciales y pillaje.

Amnistía entrevistó a testigos, supervivientes y familiares, que informaron sobre la ejecución extrajudicial de al menos 20 civiles, en su mayoría hombres, por parte de las FDE en el distrito de Mariam Shewito entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2022.

Un trabajador social documentó además ejecuciones extrajudiciales en este distrito y proporcionó una lista con el nombre de más de 100 personas ejecutadas extrajudicialmente en ese periodo, aunque Amnistía Internacional no ha podido corroborar todos esos casos de forma independiente, al no contar con presencia sobre el terreno.

Durante casi tres meses después de la firma del acuerdo, los soldados de las FDE violaron y esclavizaron sexualmente a mujeres y ejecutaron extrajudicialmente a 24 civiles en el distrito de Kokob Tsibah.

Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral , denunció que “pese a haberse firmado el Acuerdo de Cese de Hostilidades, las atrocidades contra la población civil de Tigré continuaron y los soldados eritreos sometieron a las mujeres a abusos terribles, tales como violaciones individuales, violaciones en grupo y esclavización sexual; también ejecutaron extrajudicialmente a varones civiles”.

En el momento en que se cometieron estos crímenes, el conflicto del norte de Etiopía era un conflicto armado no internacional sujeto al derecho internacional humanitario, cuyo propósito es la protección de la población civil y de los combatientes que han dejado de participar en las hostilidades. Las graves violaciones documentadas en este informe constituyen crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.