Según el informe publicado hoy por la organización, que se centra sobre todo en Jartum y en Darfur Occidental, Sudán registra "un número enorme de muertes de civiles en ataques deliberados e indiscriminados" desde que empezaron las hostilidades.

Bajo el título ‘Death Came To Our Home’: War Crimes and Civilian Suffering In Sudan’ ('La muerte llegó a nuestra casa: crímenes de guerra y sufrimiento de civiles en Sudán'), detalla también actos de violencia sexual hacia mujeres y niñas; ataques selectivos contra hospitales e iglesias, y saqueos generalizados.

Algunas de las violaciones de derechos humanos documentadas -como ataques contra la población civil y contra infraestructura humanitaria, violaciones y saqueos- "constituyen crímenes de guerra", advirtió Amnistía.

“Civiles de todo Sudán sufren un horror inimaginable cada día que pasa mientras las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas de Sudán compiten temerariamente por el control del territorio”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Matan a personas en el interior de sus casas o mientras buscan desesperadamente comida, agua y medicamentos. Otras se ven atrapadas en el fuego cruzado cuando huyen", prosiguió, o son tiroteadas deliberadamente en ataques selectivos.

Miembros de las partes enfrentadas han violado y sometido a otras formas de violencia sexual a decenas de mujeres y niñas, algunas de tan sólo 12 años. No hay lugares seguros.

Según Callamard, “la espiral de violencia en la región de Darfur, donde las RSF y milicias aliadas causan muertes y destrucción incalculables", recuerda la campaña de tierra arrasada de decenios anteriores, en la que a veces participaron los mismos actores.

“Las RSF, las SAF y sus grupos armados afines deben dejar de atacar a la población civil y garantizar el paso de quienes buscan seguridad", reclamó. Asimismo, instó a adoptar "medidas urgentes para garantizar justicia y reparación a víctimas y sobrevivientes”.

Desde el 15 de abril de 2023, se disputan el control de Sudán las SAF (dirigidas por el general Abdel Fattah al Burhan, jefe del Consejo Soberano de Sudán), y las RSF, de carácter paramilitar (dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti).

Dadas la escala de los combates y la organización de ambas partes, se trata de un conflicto armado no internacional, según los convenios de Ginebra.

Como tal, los combates entre las partes se rigen por el derecho internacional humanitario, que trata de proteger a la población civil y a otras partes no combatientes en el conflicto armado, y el derecho internacional de los derechos humanos, que sigue siendo aplicable. Ciertas violaciones graves de estas normas constituyen crímenes de guerra, de los que soldados y mandos individuales pueden ser considerados penalmente responsables.