En un informe publicado hoy, resaltó que, tres años después de su llegada al poder, las mujeres han perdido capacidad de acción, el sistema de justicia se basa en la aplicación de la 'sharia', se vuelven a aplicar castigos corporales -incluidas lapidaciones y ejecuciones públicas-, se producen desapariciones y encarcelamientos injustos de disidentes, y el espacio de la sociedad civil prácticamente ha desaparecido.

El trabajo comprende una amplia consulta a más de 150 partes interesadas, entre ellas defensores de los derechos humanos, miembros del sector académico, mujeres manifestantes y activistas, jóvenes, representantes de la sociedad civil y periodistas, así como a exiliados en diez países.

Según sus conclusiones, la población afgana vive con frustración la falta de respuesta por parte de la comunidad internacional, y tiene miedo ante el futuro. “Tres años después, la total ausencia de medidas concretas para abordar la catástrofe de derechos humanos en Afganistán es una fuente de vergüenza para el mundo", denunció Samira Hamidi, responsable regional de campañas sobre Asia meridional para Amnistía Internacional.

CONTRA LAS MUJERES

Según señaló, más de 20 defensoras de los derechos humanos afganas de 21 provincias de Afganistán relataron que han perdido capacidad de acción en todos los aspectos de su vida.

"Las mujeres con las que hablamos trabajaban anteriormente en campos diversos, como el derecho, la política, el periodismo, la educación y el deporte. Después de tres años de gobierno talibán, todas ellas repetían la sensación de no ser 'nadie' y de no tener apenas oportunidades de empleo ni de contribuir económica o culturalmente", agregó.

Razia, activista en la provincia afgana de Kunduz, describió cómo “a las mujeres, que han perdido su capacidad de acción, su empleo y su situación económica, les dicen que se lo merecen, y que el regreso de los talibanes es un paso positivo para hacer callar a quienes predicaban el adulterio".

Ahmad Ahmadi, exabogado que ahora vive exiliado en Europa, explicó que los talibanes sostienen que "no es necesaria la participación de abogados durante los juicios. No creen en los sistemas de justicia, pero basan casi todos sus actos en su interpretación de la 'sharia', guiándose por eruditos religiosos de las madrasas (las escuelas islámicas) que carecen de educación jurídica formal”.

TORTURAS PÚBLICAS

En el informe se recogen distintos testimonios sobre el regreso de los castigos corporales a Afganistán, incluidas la flagelación, la ejecución pública, la amputación de miembros, la lapidación y otras formas de malos tratos y tortura que violan el derecho internacional. La ausencia de juicios justos, o de acceso a recurrir, sigue sin denunciarse.

La sociedad civil en Afganistán es "cada vez más reducida", prosigue la investigación, y los defensores de los derechos humanos, las mujeres que se manifiestan, las organizaciones de base y las personas que ejercen el periodismo o el activismo político "son consideradas enemigas por los talibanes".

"Quienes protestan sufren desaparición forzada, detención arbitraria, encarcelamiento, tortura y otros malos tratos", agrega Amnistía. "Muchas de estas personas se han visto obligadas a huir del país por temor a las represalias, dejando atrás familias y empleos".

Centenares de ellas permanecen atrapadas en Irán, Pakistán y Turquía, donde enfrentan dificultades legales y económicas, resaltó, e incluso "se exponen a la deportación forzada". En opinión de Hamidi, “después de tres años, la frustración en la comunidad afgana es palpable".

"Tras innumerables declaraciones y reuniones, el mundo sigue expresando su pesar mientras los talibanes violan los derechos humanos y deshacen 20 años de duro trabajo en todas las esferas de la vida pública y privada”, criticó. Por ello, instó a la comunidad internacional a apoyar estas medidas, respetar la multitud de voces de la comunidad y "abstenerse de establecer con los talibanes una relación sin principios que sólo resulte ser perjudicial para los esfuerzos colectivos".