Amnistía señala que, en 2005, al menos 2.148 personas fueron ejecutadas en un total de 22 países. De ellas, el 94% lo fueron en Arabia Saudí, China, Estados Unidos e Irán. Ese mismo año, otras 5.186 personas fueron condenadas a muerte.

AI advierte de que sus cifras son aproximadas, debido al secretismo que rodea a la pena de muerte, pues gobiernos como el de China se niegan a publicar estadísticas oficiales completas sobre las ejecuciones y otros, como el de Vietnam, han llegado a declarar "secreto de Estado" esa información.

Según Irene Khan, secretaria general de AI, "la pena de muerte constituye la negación máxima e irreversible de los derechos humanos, pues vulnera la esencia de los valores humanos. Se suele aplicar de forma discriminatoria, después de juicios injustos o por motivos políticos y puede ser un error irreversible cuando es consecuencia de un error judicial".

A pesar de todo, el abolicionismo avanza. El número de países que llevan a cabo ejecuciones se ha reducido en un 50% durante los últimos 20 años y ha disminuido por cuarto año consecutivo. México y Liberia son los dos ejemplos más recientes de abolición de la pena de muerte.

Arabia Saudí, China, Estados Unidos e Irán destacan por el uso extremo que hacen de la pena capital. El caso de Irán es especialmente grave, al tratarse del único país donde, según AI, se ejecutó a menores de edad en 2005.

DOS ESPAÑOLES

Dos españoles están condenados a muerte fuera de nuestro país. A uno de ellos, Pablo Ibar, se le condenó en 2000 en EEUU. El otro, el español de origen sirio Nabil Manakli, fue condenado en Yemen en 1997 después de que, según AI, se le sometiera a torturas antes del juicio en el que admitió los cargos. Puede ser ejecutado en cualquier momento.

Otro español, Francisco Larrañaga, estaba condenado a muerte en Filipinas desde 2005 hasta que, en Semana Santa, la presidenta filipina decidió conmutar todas las penas de muerte por cadena perpetua, medida de la que se benefició el joven español.