Por ello, la organización ha pedido al Gobierno nepalí que restaure "urgentemente" los derechos humanos fundamentales suspendidos durante el estado de excepción y que abra un proceso político para resolver el conflicto.

Asimismo, exigen la protección de los defensores de derechos humanos, como periodistas, sindicalistas y otros activistas.

Según Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, "el conflicto que desde hace tiempo enfrenta a los maoístas y a las fuerzas armadas ha destruido los derechos humanos en el ámbito rural. Ahora, el estado de excepción está destruyéndolos también en las zonas urbanas, llevando al país al borde del desastre".

En su opinión, "el estado de excepción ha reforzado el poder de las fuerzas de seguridad, ha reducido las perspectivas de un proceso político hacia la paz y ha aumentado las probabilidades de que el conflicto se intensifique, con el consiguiente riesgo de provocar aún más sufrimiento humano y abusos".

En virtud de esta medida, denuncia Amnistía, numerosos líderes políticos, estudiantes, activistas de derechos humanos, periodistas y sindicalistas permanecen detenidos desde hace más de 15 días.

"La dinámica sociedad civil de Nepal está paralizada por este estado de excepción. Quienes denunciaban y condenaban los excesos de las fuerzas armadas y las atrocidades de los maoístas están ahora amordazados. Esto sólo servirá para alimentar la impunidad y reforzar el ciclo en curso de abusos contra los derechos humanos", finalizó la responsable de Amnistía.