No obstante, la organización lamenta que esta extradición no permita que Cavallo sea juzgado por los presuntos delitos de tortura cometidos bajo los Gobiernos militares argentinos de 1976 a 1983.

En un comunicado, la organización destaca a importancia de la cooperación internacional en materia de justicia. Para AI, esta decisión de la Corte Suprema mexicana, "aunque no tiene el alcance suficiente", es un "fuerte recordatorio" para todos los tribunales y fiscales del mundo.

Desde su detención en México, en 2000, las autoridades españolas habían solicitado su extradición y procesamiento en relación a su presunta participación en las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina bajo los gobiernos militares de 1976-1983. Para Amnistía, los Estados tienen la obligación de asegurar que los presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos sean investigados, y cuando las pruebas lo permitan, sean enjuiciados donde quiera que se encuentren o bien extraditados a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo.