Sólo en uno de los 85 casos de violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército filipino documentados con detalle por Amnistía Internacional (AI) se ha procesado a los responsables, según organización.

En su informe, AI acusa al Gobierno de Filipinas de no abordar los "viejos problemas plnteados por el control y la estrategia militares" contra los rebeldes armados "y ha mostrado su aquiescencia, en la práctica, a las violaciones de derechos humanos perpetradas por ellos".

Una de las más serias amenazas contra estos derechos es la llamada "táctica global", según Amnistía Internacional, que da a los jefes militares regionales "considerable autonomía en la lucha contra los insurrectos y ha engendrado una multitud incontrolable de milicias extraoficiales y de grupos de 'vigilantes'".

Las autoridades afirman frecuentemente que las matanzas, denominadas "operaciones de salvamento", son hechos aislados y que las víctimas son insurgentes armados muertos en combate.

Pero AI asegura que "hay pruebas de ejecuciones extrajudiciales generalizadas, que han afectado a niños, ancianos y personas que no tenían conexión alguna con la oposición y que, a menudo, estaban simplemente trabajando, comiendo o durmiendo cuando les quitaron la vida".

La organización también considera que la matanzadeliberada de civiles desarmados y de cautivos por parte del Nuevo Ejército del Pueblo (uno de los grupos rebeldes armados) "ha contribuido al deterioro de la situación de los derechos humanos en Filipinas".

ESPIAR PARA LOS MILITARES

"En una clara conculcación de las normas internacionales", añade AI, "el grupo armado ha matado a sindicalistas, funcionarios del Gobierno y miembros del Nuevo Ejército del Pueblo, a quienes acusaba de espiar para los militares".

Sin embargo, la organización defensra de los derechos humanos insiste en que la violencia de los grupos de oposición "no puede usarse como excusa para la brutalidad del Gobierno".

En agosto de 1990, 19 miembros de una familia, entre ellos una mujer encinta y 6 niños, fueron muertos a tiros por soldados que acudieron a detener al padre, de quien sospechaban que era un rebelde musulmán. Los militares aseguraron que el cabeza de familia había matado a 2 soldados al resistirse a la detención. Le abatieron cuando trataba de escapar y a los estantes miembros de la familia los alinearon frente a la casa y los fusilaron.

"Los arraigadísimos problemas de derechos humanos no van a resolverse simplemente culpando a un dirigente concreto o cambiando el color político del Gobierno", asegura AI.

"Lo que sucede", explica la organización, "es que todo el procedimiento de indagación de violaciones de derechos humanos favorece a los militares". Las investigaciones y los procesamientos tienen lugar en el seno del sistema militar e incluso la Comsión de Derechos Humanos de Filipinas y los tribunales civiles tienden a aceptar sin reservas el testimonio de los soldados.

"Los testigos, abogados y activistas reciben frecuentes amenazas, e incluso la muerte, si critican a los militares", asegura AI.