"El Gobierno de Colombia está dando una versión muy optimista de la situación de los derechos humanos en el país, a pesar de que cada vez son más los informes sobre desplazamientos forzados, ataques contra activistas sociales y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad", concluye el informe.

AI denuncia que "las autoridades colombianas mantienen una postura de negación absoluta: incluso se niegan a reconocer que hay un conflicto armado en el país".

"Sin embargo, la gente nos cuenta una versión muy diferente", afirma Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.

Pollack destaca que "es imposible resolver un problema sin admitir que existe. Negando la situación sólo se consigue condenar a más personas a sufrir abusos o a morir."

El citado estudio muestra que, si bien algunos indicadores de derechos humanos han mejorado con el paso de los años -por ejemplo, el índice de secuestros y la seguridad en algunas ciudades-, otros muchos han empeorado.

El informe también echa por tierra declaraciones realizadas en repetidas ocasiones por el Gobierno colombiano, por ejemplo, que los grupos paramilitares ya no están activos, que se obliga a rendir cuentas a los autores de abusos contra los derechos humanos, o que se respeta plenamente el trabajo de los activistas sociales y los sindicalistas.