Desde que las protestas arrancaron en distintas regiones del país el 7 de diciembre de 2022, al menos 40 personas, entre ellas menores de edad, fallecieron en las manifestaciones, y decenas de civiles y policías han resultado heridos.

Por todo ello, Amnistía exigió al Estado peruano "la investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de las posibles violaciones de derechos humanos" registradas desde el inicio de las protestas, a fin de “identificar, procesar y sancionar a quienes resulten responsables, incluyendo los mandos policales al máximo nivel”.

Finalmente, demandó a las autoridades que desplieguen todos los recursos disponibles para atender a las personas heridas y garanticen su atención médica inmediata, así como respetar el paso de ambulancias y la labor de la misión sanitaria.

A su juicio, "la escalada de violencia que está sucediendo en Perú resulta inaceptable". "La represión estatal en contra de manifestantes y la pérdida de vidas humanas está agudizando la crisis", y reiteró su petición de estricto respeto de los derechos humanos" a las autoridades.