LA AMINISTRACION COMPENSARA A LOS FUNCIONARIOS POR EL DESVIO DE LA INFLACION CON 5.000 MILLONES POR CADA DECIMA DE ERROR
- Pero descontará las derivas salariales por encima del 3,5 por cien, por lo que no serán ocho las décimas pagadas
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El Gobierno tendrá que abonar 5.000 millones de pesetas a los empleados de las Administraciones Públicas por cada décima que se haya desvíado la inflación en 1995 respecto al aumento de su masa salarial, en aplicación del vigente acuedo de retribuciones firmado con los sindicatos de la función pública.
Sin embargo, eso no supondrá una 'paga extra' del 0,8 por cien sobre la retribución de cada funcionario (la diferencia entre la inflación prevista y la real), sino menor, ya que se descontarán las derivas salariales registradas por encima del 3,5 por cien pactado, según informaron a Servimedia fuentes de la Administración.
El Gobierno tendrá que hacerse cargo tanto de la revisión para los empleados de la Administración centralde la Seguridad Social como del 'efecto arrastre' producido por las transferencias que el Estado hace a las comunidades autónomas.
Teniendo en cuenta ese factor, cada décima de desviación sobre la inflación prevista cuesta alrededor de 5.000 millones de pesetas, según fuentes oficiales consultadas por Servimedia, pero por los factores señalados la 'factura' total de la revisión será inferior a los 40.000 millones que resultarían de multiplicar esa cantidad por la desviación de los precios en el 95. La complejidad del sistema de este sistema de revalorización hará necesaria una próxima reunión de la mesa de retribuciones, en la que están presentes los ministerios de Economía y Administraciones Públicas, así como los sindicatos de funcionarios más representativos.
Será en esa mesa donde se decida el importe exacto de la paga compensatoria, en cuyo cálculo también podría plantearse el problema de si se contabiliza o no entre la masa salarial del 95 la subida que lograron los médicos tras una proongada huelga, que supuso un gasto adicional para el ejercicio pasado de 3.500 millones de pesetas.
Los sindicatos se oponen rotundamente a que se incluya esa cantidad en la masa salarial, criterio en el que también coinciden tanto el Ministerio de Sanidad como el de Administraciones Públicas, de acuerdo con fuentes solventes consultadas por Servimedia.
No obstante, también las centrales mantienen posturas diferentes sobre la manera en que debe realizarse la revisión, ya que el CSI-CSIF sí exigir que se aplique con carácter individualizado, lo que supondría un aumento adicional del 0,8 por ciento para cada empleado público, según explicó a Servimedia su secretario de Acción Sindical, Enrique Alonso.
Alonso dijo que es preciso tener en cuenta que los empleados públicos han perdido en el último trienio casi ocho puntos de poder adquisitivo, y que para compensarlo es preciso "una subida generalizada e individualizada del 0,8 por cien a todos los empleados públicos".
(SERVIMEDIA)
13 Ene 1996
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