La prohibición a la comercialización y uso del amianto quedó regulada a través de una orden ministerial de diciembre de 1993 que se dictó a propuesta de los departamentos de Industria y Sanidad.

La legislación española no autoriza desde entonces la utilización de las fibras de amianto, en concreto la crocidolita, el amianto antofilita, el amianto actinolita, el amianto tremolita y la amosita.

Estas sustancias se usaron fundamentalmente en a decádada de los sesenta y durante los setenta sobre todo en el sector de la construcción.

Los riesgos que entraña para la salud la exposición a estos productos provocó que la Unión Europea las incluyera en las directivas que limitan su comercialización. La trasposición de estas normas al ordenamiento jurídico español culminó en España con la orden de diciembre de 1993.