Según informó la oficina de Naciones Unidas en Madrid, la embajadra costarricense, Emilia Castro de Barish, que habló en nombre de los cinco países centroamericanos, afirmó que que el narcotráfico es la peor amenaza para la seguridad de Centroamérica, a través de lo que se denomina "narcoeconomía" y "narcocultura".

Por su parte, el embajador de Bolivia, Oscar Serrate Cuéllar, dijo que su país eliminó una tercera parte de la producción excedentaria de la hoja de coca, reduciendo 20.000 hectáreas de plantaciones que producían unas 53.000 toneladas métricas.

Serrte agregó que ahora es imprescindible asegurar la rentabilidad de los productos sustitutivos y destacó "la promulgación en los Estados Unidos de la Ley de Preferencia al Comercio Andino y la decisión de la Comunidad Europea de incluir a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en su sistema arancelario preferencial, incrementándose así las posibilidades de exportación de diversos productos agrícolas e industriales".

El embajador de Méjico, Jorge Montaño, indicó que se debe reforzar la cooperación internacionl para enfrentar los nuevos retos que representa la droga.

A juicio del embajador venezolano, Diego Arria, una premisa esencial en la lucha contra el narcotráfico es el respeto a la soberanía y la legislación interna de los estados.

"Ningún país, por muy poderoso que sea, puede pretender convertirse en la conciencia ética de la comunidad internacional", dijo Arria. "La reciente decisión de la Corte Suprema de la Justicia de los Estados Unidos -que no es la Corte Internacional de Justicia de La Haa- en materia de secuestros de narcotraficantes fuera de su país pretende legalizar la práctica abusiva de carácter policial y judicial".

En su opinión, "esta práctica, inaceptable para mi país, lejos de facilitar y estimular la indispensable cooperación internacional, la limita y la frustra".

Por su parte, el embajador colombiano, Luis Fernando Jaramillo, señaló que su Gobierno propondrá a la Asamblea General de la ONU reevaluar el Programa Mundial de Acción contra las Drogas, adoptado en 1990. Tras indicar que se han logrado pocos progresos en la evaluación de las consecuencias económicas y sociales de las drogas, Jaramillo añadió que hay una clara conexión entre narcotráfico y pobreza.

Finalmente, Luis Fernando Jaramillo dijo que el Programa Mundial de Acción contra las Drogas debe encarar la situación con mecanismos financieros innovadores, como el intercambio de deuda por cultivos alternativos.