Según declaró a Servimedia el presidente del colegio, Jesús Seoane, esta modificación se planteó en la última reunión mantenida el pasado día 21 de marzo con el director general de la Administración de Justicia, dentro de las negociaciones con el gabinete para afrontar la reforma de la oficina judicial.

Tanto el Colegio Nacional como la Unión Progresista de Secretaros Judiciales, denunciaron hoy los retrasos que sufren las negociaciones y amenazaron, a través de sendos comunicados, con retomar las movilizaciones si no obtienen una respuesta satisfactorias del ministerio.

Jesús Seoane criticó "el riesgo que supone, de cara a la Expo, los Juegos Olímpicos y la justicia rápida que se pretende para estos eventos, una huelga de juzgados", que podría producirse si no alcanzan un acuerdo satisfactorio el próximo día 31.

Como prueba de esa falta de entendimiento, Soane subrayó "el alto coste que supone para la Justicia el juez sustitutorio cuando, para adelantar los procesos, estamos dispuestos también a trabajar por las tardes".

El colegio propone que se formen en los juzgados con mayor acumulación de causas, los de las capitales y grandes poblaciones, equipos de trabajo voluntarios compuestos por un secretario judicial, un oficial, dos auxiliares y un agente judicial, que cobrarían un plus de productividad por prolongar su jornada durante un par de horas más l día.

Según Seoane, la operación supondría un incremento de 250.000 pesetas al mes de gastos en cada juzgado, cantidad que quedaría compensada con el ahorro que supone el cumplimiento de los plazos de ejecución de resoluciones.

La aceptación de la propuesta traería implícita la ampliación de las funciones del secretario judicial, que pasaría a ocuparse de asuntos como las subastas, tasaciones, lanzamientos u ordenación de la tramitación especiales, de las que según la legislación vigente sólo pude encargarse el juez.

"El juez se limitaría a particar las pruebas y dictar resoluciones, mientras el resto de la oficina se dedica a cumplimentar todo aquello que resuelva", añadió, al tiempo que señaló que los plazos de cumplimiento pueden prolongarse hasta dos años después de dictarse la sentencia.

Los secretarios mantienen que la lentitud de la Justicia española "no es un problema de falta de jueces, sino de mejor organización y aprovechamiento racional de los medios de los que disponemos enla oficina judicial".