Amalia Gómez inauguró hoy en Santander el curso "De pasivos a activos: la reactivación del empleo en personas con discapacidad en la Unión Europea" en la Univeridad Internacional Menéndez Pelayo.

Recordó que, según los datos que maneja el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuatro de cada cinco discapacitados en edad laboral no tiene trabajo o permanece inactivo, lo que eleva hasta un 70 por ciento el índice de paro en este colectivo y obliga a tomar medidas para solucionar este problema.

Gómez destacó la buena labor realizada en los últimos años gracias a los acuerdos entre la Administración y el Comité Español de Representantes de Minusválidos (ERMI), También puso como ejemplo el buen funcionamiento de los Centros Especiales de Empleo para discapacitados que, en lo que va de año, han logrado dar trabajo a 21.200 personas con minusvalía, con un fuerte incremento sobre el año anterior.

La secretaria de Asuntos Sociales destacó que el Estado está apostando por el empleo para discapacitados con medidas como las bonificaciones a su contratación y las mejoras fiscales, pero pidió a las organizaciones que trabajan con estos colectivos que sigan apotando ideas para mejorar.

En este sentido, recordó que la mayoría de las empresas inclumplen la obligación de contratar un 2% de discapacitados y que lo mismo ocurre con la Administración, que debería tener un 3% de personas con minusvalía, por lo que pidió a los participantes en el curso que busquen soluciones alternativas en favor del colectivo discapacitado.

Finalmente, Amalia Gómez anunció que se continuará buscando nuevas modalidades para lograr empleo para los minusválidos, como seguir insitiendo en itinerarios de empleo para personas con minusvalía.

El curso sobre empleo y discapacidad está patrocinado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la participación del Imserso. Durante las jornadas intenvendrán, entre otros, el secretario general de Empleo, Juan Chozas; el director general del Imserso, Hector Maravall; el secretario general del CERMI, Rafael de Lorenzo, y varios responsables de asuntos sociales en los gobiernos de Holanda, Suecia y Reino Unido.