En la proposición no de ley sobre política de uso racional del medicamento, el Grupo Socialista quiere que el Congreso inste al Gobierno a que garantice que todos los medicamentos eficaces, seguros y de composiión adecuada sean financiados por el Sistema Nacional de Salud.

También reclama que el Gobierno convoque a la mayor brevedad a la Comisión para el Uso Racional de los Medicamentos, a fin de que informe la lista de medicamentos excluidos de la financiación pública con expresa mención de la utilidad terapéutica de cada uno de los medicamentos y principios activos que figuran en ella.

Asimismo, el Grupo Socialista quiere que el Gobierno desista de su decisión de generalizar una nueva receta oficial el Sistema Nacional de Salud para la prescripción de medicamentos no financiados públicamente.

También propone que el Ejecutivo aborde decididamente la política de extensión de medicamentos genéricos sin vincular sus efectos de reducción de gasto público a las aportaciones económicas de la industria farmacéutica y que desvincule el régimen de precios de los medicamentos excluidos de la financiación pública de las compensaciones económicas a la industria farmacéutica.

INTERPELACION

Por otra part, en su interpelación la diputada socialista quiere que el ministro de Sanidad explique ante el Pleno de la Cámara las razones de política general que justifican el recorte de la prestación económica por incapacidad temporal de los trabajadores.

Amador señaló que el decreto aprobado por el Gobierno en virtud del cual se otorga a los médicos adscritos al Instituto Nacional de Seguridad Social la capacidad de decicir el alta de los trabajores en situación de incapacidad temporal a los efectos económicosde la prestación, "es un puro disparate", "busca el miedo en los trabajadores" y permite al Gobierno "reducir las cuentas como quiera".

Considera que esa decisión "supone un recorte de una prestación social fundamental bajo el consabido eslogan de la lucha contra el fraude, pone bajo sospecha a los profesionales que han de decidir sobre la situación de incapacidad, genera temor en los trabajadores y constituye un cuestionamiento inaceptable de la profesionalidad de los médicos del Sistema Sanitario Púlico".

Amador agregó que "esta decisión significa, además, una injerencia inadmisible del Ministerio de Trabajo en las atribuciones de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, en perjuicio de los trabajadores, de su seguridad y de la protección de su salud que el Ministerio de Sanidad tiene obligación de garantizar".