La semana pasada, los tres sindicatos enviaron una carta al defensor del pueblo donde le pedían un encuentro para informarle sobre la política de represión que, en su opinion, ejerce contra ellos el Ministerio del Interior.

Al acto asistirán los secretarios generales del SUP, ANPU y UFP, Juan García Gámez, Vicente González Claro y Fernando Vázquez Romay, espectivamente.

La petición de este encuentro con Alvaro Gil-Robles estuvo motivado por el aluvión de expedientes disciplinarios que la Dirección General de la Policía (DGP) abrió a los agentes que participaron el pasado 12 de junio en una manifestación, convocada por el SUP en Madrid para pedir mejoras salariales.

Tras la marcha, ocurrieron diversos incidentes, algunos de ellos provocados porque los responsables de la protesta anunciaron por el servicio de megafonía que dos Técnicos en Desactivaión de Explosivos (TEDAX) acababan de morir en el barrio de Vallecas cuando trataban de inutilizar un paquete-bomba.

Los policías cortaron el tráfico en el Paseo de la Castellana, se trasladaron al Congreso de los Diputados para pedir justicia y, posteriormente, acudieron al lugar del atentado para manifestar así su repulsa.

El Ministerio del Interior acusa además a otros funcionarios, que estuvieron de servicio ese día, de colapsar las comunicaciones de varios departamentos oficiales y de insultr gravemente a su titular, José Luis Corcuera, y a otros altos cargos, utilizando para ello los aparatos de los coches patrullas.