Alvarez Cascos dijo que el tema GAL no corresponde ya a esta legislatura y así lo seguirá defendiendo el Partido Popular, a pesar de las críticas que reciba de algunos grupos de la oposición.

El vicepresidente intervino ante la Comisión Constitucional del Congreso, en lo que supone la primera comparecencia parlamentaria de un miembro del Gobierno para explicar las líneas generales de la política del nuevo Gabinete.

A instancias de l oposición, Alvarez Cascos se refirió a la polémica en torno a la desclasificación de los "papeles del CESID" solicitada al Gobierno por tres juzgados. Tanto ante los diputados como en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, afirmó que el Gobierno tomará una decisión "sin prisas" para no cometer equivocaciones de carácter jurídico, pero siempre con el respeto estricto a la legalidad vigente y con el Derecho en la mano.

Como han advertido en los últimos días varios responsables del Gobirno, Alvarez Cascos dijo que el Ministerio de Defensa no ha encontrado en los archivos del CESID algunos de los documentos que le han pedido los jueces.

"No sé la razón, si es porque no han constado nunca y es un error de los solicitantes, o si es porque habiendo constado en algún momento no se encuentran en el registro", señaló.

En cualquier caso, garantizó que la intención del Gobierno del PP es contribuir "a la claridad y no a la confusión", y para ello hará todo lo necesario para colaborar almáximo con la administración de la Justicia en cuantos requerimientos reciba para ello.

CUENTAS NO CLARAS

Durante su comparecencia, el ministro de la Presidencia explicó a instancias del PSOE e Izquierda Unida la reordenación de los servicios secretos que ha anunciado el Gobierno.

Aseguró que el órgano de coordinación de los distintos servicios secretos españoles que va a crear el Ejecutivo permitirá una mayor capacidad de control y una mejor actuación de los mismos, sin que ello suponga una mema en las competencias de organismos como el CESID.

Alvarez Cascos rechazó las críticas del portavoz del PSOE, Jordi Solé Tura, sobre la reducción de altos cargos decidida por el Gobierno, que volvió a cifrar en un 33 por ciento menos respecto a los existentes durante la etapa socialista.

Entre los temas que abordó en su intervención, Alvarez Cascos se refirió a la nueva ley de financiación de partidos políticos y se mostró partidario de que los grupos parlamentarios den un impulso final al acuero que prácticamente dejaron "cerrado" en la pasada legislatura PSOE y PP.

Sobre la situación en Radiotelevisión Española, dijo que el Gobierno no tiene en estos momentos las "ideas claras" sobre su política en el ente público, debido a que las "cuentas no están claras".

En cualquier caso, dio garantías de que la objetividad y la imparcialidad serán los principios rectores de la nueva dirección del ente público.

Entre los objetivos prioritarios de su gestión, Alvarez Cascos mencionó un mayor mpulso a la informatización del área de Presidencia y Relaciones con las Cortes, así como la introducción de las últimas tecnologías en instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas.

A corto plazo, anunció que el Gobierno mandará en fechas próximas a las Cortes un proyecto de ley de reforma de la LOFAGE, (Ley Orgánica de Funcionamiento de la Administración General del Estado), que aseguró que ya se encuentra en la Comisión de Subsecretarios.

En el turno de la oposición, el socialisa Solé Tura centró sus palabras en descalificar el error "descomunal" que, en su opinión, ha cometido el Gobierno con las cifras que ha barajado sobre reducción de altos cargos.

Por Izquierda Unida, el diputado Manuel Alcaraz denunció "contradicciones" del Gobierno en el tema del GAL, especialmente en el tema de la desclasificación de los papeles del CESID. Según Alcaraz, al nuevo Ejecutivo se le ha "atragantado" el tema GAL y no sabe cómo salir del problema.

Alvarez Cascos, en posterior encuentr con los periodistas, no quiso comentar el auto de procesamiento del general Enrique Rodríguez Galindo, aduciendo el respeto absoluto del Gobierno a las resoluciones de la Justicia.

Tampoco quiso valorar la dimisión del presidente de Baleares, por entender que "no corresponde al Gobierno emitir opiniones sobre lo que acontece a otros ejecutivos".