Fuentes de la Inspección de Servicios de la Xunta destacaron a Servimedia que las nuevas declaraciones son mucho más detalladas y superan las exigencias marcadas por la normativa estatal en esta materia, al aplicarse también a asesores, jefes de gabinetes del presidente y de consejeros; así como los delegados provinciales de los distintos departamentos autonómicos.

En el primer registro de intereses de peronalidades de la Xunta, que se puso en marcha poco después de tomar posesión Manuel Fraga como presidente, los altos cargos debían declarar cualquier participación, superior al 10 por ciento, del interesado, de su cónyuge o de sus hijos menores en cualquier empresa.

Esta declaración desaparece del nuevo registro de intereses y actividades, el único al que puede acceder cualquier medio de comunicación o los ciudadanos en general.

La nueva normativa exige una "detallada" declaración de intereses, crgos y actividades públicas, pero de las actividades privadas el alto cargo sólo tendrá que dar cuenta pública si aparece como titular de alguna empresa y sólo consignando datos tan genéricos como "descripción de la actividad".

Hasta ahora, los altos cargos de la Xunta tenían que declarar en un registro público cualquier participación propia, de cónyuge o hijos menores en empresas que tuvieran conciertos de obras, servicios o suministros con la entidad pública en la que prestan sus servicios.

A prtir del último decreto, esta declaración será obligatoria sólo si la participación entre el alto cargo, cónyuge e hijos menores supera el 10 por ciento.

Además, los altos cargos de la administración autonómica debían consignar de manera expresa que no ocupaban, "personalmente ni por persona interpuesta", cargos de cualquier tipo en estas sociedades relacionadas con el sector público,

OPACIDAD PARA LA CIUDADANIA

El nuevo decreto abre la puerta para que los altos cargos ostenten la titularidad d conciertos de prestación de servicios en favor de administraciones públicas, algo expresamente prohibido en el apartado "b" del artículo 5 del decreto por el que se creo el registro de intereses en el año 90, ahora derogado por el nuevo.

Los altos cargos de la Xunta sólo tendrán que reseñar sus actividades empresariales en el campo comercial, industrial o ganadero en el registro de bienes patrimoniales, opaco de cara al público.

También aquí deberán dejar constancia de su participación en capita social de entidades jurídicas o sociedades de inversión inmobiliaria, pero es algo que quedará igualmente oculto ante la ciudadanía, al igual que sus bienes rústicos y urbanos, depósitos en cuentas bancarias, productos financieros, seguros de vida, automóviles, embarcaciones, joyas y obras de arte valoradas en más de un cuarto de millón.

Según fuentes de la propia administración autonómica, los 200 altos funcionarios deben presentar nuevas declaraciones de intereses y las primeras de bienes patrimoniles antes hasta el día 16 de este mes de junio.

A partir de esa fecha, la Inspección de Servicios valorará la documentación recibida y, en el caso de detectar alguna incompatabilidad, dará cuenta al interesado y al organismo competente para resolver sobre ella y evitar que se repitan casos como el de Juan Fernández, que cobró durante cuatro años dos sueldos públicos posiblemente incompatibles.

Esta reforma se gestó tras la forzada dimisión del ex consejero de industria Juan Fernández, por un probema de incompatibilidades, y fue elaborada en un clima de competición entre partidos por ofrecer una mayor transparencia y voluntad de lucha contra la corrupción.