Fernández valoró positivamente la decisión del Gobierno de suprimir altos cargos. "En principio, estamos de acuerdo con las medidas de reforma de la Administración del nuevo Gobierno", pero, a su juicio, "hay que completarlas y que no sea sólo un parche, porque con este recorte de altos cargos nose resuelve el problema de déficit público".

Para Fernández, este recorte debe hacerse "dentro de una política clara, de que lo que debe guiar cualquier cambio en la Administración es que las administraciones y sus empleados están para dar un servicio público a la sociedad y a los ciudadanos. Lo importante es que cada empleado público esté en el sitio para el que está mejor preparado y que haya los puestos necesarios para dar ese servicio, ni uno más ni uno menos".

A su juicio, todo esto debería egularse en el Estatuto de la Función Pública, que "estamos reclamando desde hace tiempo". Este estatuto, añadió, deberá "profesionalizar la Administración, regular qué efectivos hacen falta y con qué conocimientos, cuál es la forma de acceder a la función publica y de promocionarse y los sistemas de formación, así como resolver que existan distintos tipos de empleados públicos con distintos regímenes jurídicos y económicos".

"Este sería el gran marco que debería resolver todo", agregó, "un marco que vite las discriminaciones que se están dando entre empleados de distintas administraciones, que tienen la misma preparación, desarrollan el mismo trabajo y tienen diferencias retributivas muy grandes entre unas y otras comunidades autónomas".

Fernández indicó que es necesario reducir los altos cargos, porque "se ha disparado el nombramiento discrecional de altos cargos", y señaló que los 138 que se han suprimido son insuficientes. "El gran peso está en asesores nombrados a dedo y jefes de gabinete", qe, a su juicio, deberían reducirse, "por lo menos, a la mitad".

El responsable de CSIF defendió que los altos cargos que deban quedarse porque sean necesarios, "en todo lo que sea posible, se cubran con empleados públicos". Agregó que no es ningún problema que los altos cargos que se han suprimido y son funcionarios pasen a desempeñar su puesto de origen en la Administración pública.

Explicó que estos funcionarios, al estar un tiempo en un cargo de nivel superior, al volver a su puesto de origen antienen ese nivel. Fernández indicó que, aunque esto es legal, CSI-CSIF está en contra, ya que es "tremendamente injusto" que al volver a su puesto de origen cobren mucho más que sus compañeros por estar haciendo el mismo trabajo.