El citado artículo 19, que se refiere a las circunstancias que impedirán a empresas o particulares realizar contratos de obras, suministros o prestación de servicios con la Administración, fue calificado de muy importante por el portavoz ocialista, el diputado Victorino Mayoral Cortés.

Según el texto ya aprobado por todos los grupos en ponencia, no podrán contratar con los entes públicos las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme o esten procesadas por delitos de falsedad o contra la propiedad o por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos o uso de información privilegiada, o delitos contra la Hacienda Pública

"La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentren en las situaciones mencionadas por actuaciones realizadas en nombre o beneficio de dichas personas jurídicas o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo", concluye el punto 1 del artículo 19.

Otro caso en el que estará prohibido tener relaciones contractuales con la Administración osus empresas es haber sido condenado o sancionado con carácter firme "por delito o infracción o falta grave en materia de disciplina de mercado o en materia profesional".

El portavoz socialista propuso hoy añadir a estas prohibiciones para contratar "haber sido condenados con sentencia firme por delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo o por delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo, o por haber sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave que haya ocasionado dños a la salud de los trabajadores como consecuencia del incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud laboral previstas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales".

Según la propuesta del PSOE, el artículo 19 trataría asimismo de los procedimientos para determinar el alcance de las prohibiciones, así como la determinación temporal del alcance de esas prohibiciones.

La Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas ha aprobado entre ayer y hoy los 33 primeros captulos del proyecto de ley, a excepción del mencionado artículo 19, que ha quedado pendiente de la reunión de mañana y será votado en la Comisión el próximo martes.

Lo dictaminado hasta ahora por la Comisión comprende el título I, dedicado a las disposiciones generales, y los dos primeros capítulos del título II, que versa sobre los requisitos para contratar con la Administración.

Izquierda Unida rechazó hoy una oferta del PSOE para sustituir una enmienda de la coalición por una disposición adicioal nueva de la Ley, según la cual las sociedades mercantiles que tengan, directa o indirectamente, capital mayoritario de las Administraciones Públicas "se ajustarán en dicha actividad a los principios de esta Ley, en particular los de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios, al objeto de conseguir un comportamiento homogéneo en todo el sector público".

El Grupo Socialista ha aceptado en la discusión de los 32 artículos ya aprbados por la Comisión un total de 30 enmiendas de la oposición, lo que fue valorado positivamente por el resto de los grupos.