En un comunicado, Carroza afirmó que la aprobación de la Ley de Vivienda en segunda vuelta en Consejo de Ministros se produce “después de meses viendo cómo crece la incertidumbre y la inseguridad entre inquilinos y propietarios por los sucesivos anuncios del Gobierno y el planteamiento de cambios no muy claros en el marco jurídico”.

Carroza consideró que las reglas para definir una zona “tensionada” y la “propia intervención” de los precios están “poco definidas” y generan “incertidumbre en el mercado”.

El presidente de Alquiler Seguro destacó que “ninguna limitación de precios del alquiler llevada hasta ahora ha beneficiado a inquilinos, al contrario, ha reducido la oferta y su calidad”.

Esta nueva ley, que se articula en tres ejes principales en lo que se refiere a alquiler, dará la posibilidad a las comunidades autónomas de limitar el precio de las rentas del alquiler en zonas que la administración considere “tensionadas” e “impondrá a los arrendadores particulares, la inmensa mayoría, congelación de las rentas a cambio de beneficios fiscales”.

En opinión de Carroza, “si llega a aplicarse a nivel nacional, repetiremos la misma experiencia que la sufrida en los últimos meses en Cataluña desde la aplicación de la regulación de los precios de la Generalitat: inseguridad en el mercado, expulsión de inversores, reducción de la oferta y, como consecuencia, dificultad a los inquilinos para encontrar vivienda idónea”.

La nueva norma ofrece incentivos fiscales entre el 50% y el 90% de la renta que ingresen pequeños propietarios en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Más allá de los beneficios fiscales, las comunidades autónomas (que son las responsables de aplicar todas estas medidas cuando así lo consideran) tendrán la potestad de formular medidas que congelen los precios ofertados por los grandes tenedores en las zonas “tensionadas” para así facilitar el acceso a la vivienda.

Además, una vez entre en vigor el nuevo índice de precios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, -disponible dentro de 18 meses- los grandes propietarios no podrán alquilar sus viviendas por encima de los umbrales fijados en esta estadística.

Pese a lo señalado anteriormente, el texto aprobado incluye una serie de excepciones que permitirán a los grandes tenedores subir el precio del alquiler en zonas “tensionadas” en un máximo del 10%.