Alonso y López Aguilar, que se reunieron en la sede de Interior para estudiar la mejora de la seguridad en Canarias, señalaron que no es necesario ningún "plan extraordinario" ante este supuesto, puesto que el marco legal permitiría responder a Ibarretxe de manera adecuada si impulsara una consulta ilegal.

En este sentido, el titular de Interior manifestó que "el Gobierno, como es su obligación, contempla todas las hipótesis de trabajo" que están "intelectualmente previstas", aunque no deben anticiparse los acontecimientos.

Tras referirse a que un referéndum como el anunciado por el "lehendakari" sería "manifiestamente ilegal", Alonso señaló que "la reacción del Estado sería de toda tranquilidad, de toda normalidad y de una aplicación proporcional de los intrumentos legales, judiciales y de todos los recursos que el Estado tiene a su mano".

Destacó que en el supuesto, "por el momento hipotético", de que Ibarretxe aprobara una consulta, el Ejecutivo "respondería de una manera tranquila, proporcionada y absolutamente democrática con los instrumentos que el Estado de derecho tiene en sus manos".

Por su parte, López Aguilar señaló que el Gobierno ya ha manifestado que, si se convoca un referéndum no autorizado, se respondería "sin ningún plan extraordinario", pero aplicando los instrumentos del Estado de derecho, que es "sólido y está plenamente en vigor".

Remarcó que, de la misma manera que el Estado está "absolutamente preparado" para soportar un debate sobre el "plan Ibarretxe" como el celebrado ayer en el Congreso, también lo está para responder "a las conculcaciones" de la legalidad.

Explicó que una opción es el recurso al Tribunal Constitucional, junto a la que se sitúa la opción de acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo, que son la instancia para actuar contra "cualquier poder público que violente las atribuciones que las leyes establecen". La siguiente posibilidad, apuntó, serían los tribunales penales, "para aquel cuya conducta sea calificable penalmente".

A juicio del ministro de Justicia, éstos son instrumentos suficientes para hacer frente al supuesto de que un funcionario público "usurpe funciones que no le corresponden, que dicte resoluciones que no tienen fundamento ni en la Constitución ni en la ley, que se llama prevaricar, o que desobedezca mandatos judiciales".