Ambos miembros del Gobierno comparecieron hoy ante el Grupo Socialista para explicar la posición del Ejecutivo en relación a la excarcelación de Parot, que podría producirse en 2009.

En primer lugar intervino el titular de Interior, quien aseguró que la comparecencia de ambos ministros en la reunión del Grupo Socialista está motivada porque "el PP se ha pasado definitivamente de la raya".

El Gobierno cree que el primer partido de la oposición ha iniciado "una campaña dirigida a desgastar" al Ejecutivo y a "apuntalar su intereses partidistas" intrumentalizando la lucha antiterrorista y "cuestionando seriamente a las propias instituciones y al Estado democrático y de derecho".

Alonso explicó que desde que el PSOE llegó al Gobierno se ha detenido a "200 miembros de ETA" de importancia "extraordinariamente relevante", ya que han supuesto el desmantelamiento de la cúpula política, las estructuras militares, los "taldes" de reserva o el aparato internacional de la banda. De igual modo se ha mantenido la política penitenciaria pactada entre las fuerzas demócraticas y se ha abordado la lucha contra ETA con "un exquisito respeto a las instituciones democráticas, a las leyes y al principio constitucional de legalidad".

"El PP", dijo Alonso, "está metido de lleno en una operación innoble e infame, plagada de manipulaciones que está cuestionando seriamente principios esenciales para la convivencia democrática".

Entiende el ministro que, en los últimos tiempos, la estrategia del PP "ha dado una vuelta de tuerca" para cargar contra las instituciones judiciales, en particular, contra la Fiscalía General del Estado y contra la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo a cuenta de las previsibles excarcelaciones de etarras acogidos al Código Penal de 1973.

Alonso reconoció en este punto que "al Gobierno no le gusta para nada que etarras sanguinarios puedan ser excarcelados en aplicación de un Cógido Penal del tardofranquismo (1973), como no le gusta a ninguna persona de bien de este país".

Sin embargo, dejó claro que la salida de la cárcel de etarras con Henri Parot se puede producir "en aplicación estricta de ese Código Penal, que también tuvieron que aplicar las instituciones judiciales cuando gobernaba el PP". En virtud de esa normativa "fueron excarcelados, en el mismo supuesto de delitos sanguinarios, 56 terorroristas con delitos gravísimos".

"Con nosotros", continuó, "eso ha ocurrido en 7 ocasiones en aplicación estricta de la legalidad y de lo que aplican las instituciones". Pese a ello, Alonso quiso garantizar a los ciudadanos que el Gobierno va "a seguir en la lucha contra ETA, hasta ver la desaparición de la organización terrorista, desde los principios que nos han permitido combatir el terrorismo y convivir democráticamente durante los últimos 30 años".

Por su parte, López Aguilar denunció también la intención del PP de "explotar" con fines electorales las posibles excarcelaciones de etarras y aseguró que esto "sobrepasa todos los límites".

El titular de Justicia arremetió contra los populares por intentar vincular la posible salida de la cárcel de Parot conla actuación del Gobierno al que, insistió, "no le gusta" que este etarra "vuelva a pisar la calle sin arrepentimiento y sin voluntad de resarcir a las víctimas".

Explicó que fue el Gobierno socialista el que en 1995 reformó el Código Penal eliminando la acumulación de penas y el descuento automático por beneficios penitenciarios aunque, advirtió, todos aquellos que fueron juzgados y condenados al amparo del Código Penal del 1973 pueden acogerse a esos beneficios ya que la retroactivadad de la ley penal está expresamente prohibida por la Constitución de 1978.

"EXPLOTACIÓN ELECTORAL"

López Aguilar alegó que el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo fue una oferta del PSOE cuando estaba en la oposición para "sacar" este asunto la lucha partidaria y de la "explotación electoral".

Sin embargo, el PP, "enfangándose cada vez más en su miseria moral", no ha parado de tratar de utilizar el terrorismo en la lucha política incluso "erosionando la confianza que los ciudadanos tienen derecho a tener en el conjunto de las instituciones del Estado".

El ministro de Justicia aseguró que la acción del Gobierno en la lucha antiterrorista presenta un "balance impecable": se ha detenido a 200 activistas, la población penitenciaria de etarras es "la más alta de la democracia, cerca de 800" y se ha fortalecido la colaboración de Francia.

A su juicio, lo que intenta el PP es "erosionar" la fe de los ciudadanos en las instituciones y en la legalidad interpretada por la Sala II del Tribunal Supremo, que rechaza en todo caso la aplicación retroactiva el vigente Código Penal.

Para López Aguilar "el PP no tiene ninguna autoridad moral, ni credibilidad ni en derecho, ni políticamente, ni moralmente, para intentar vincular esta excarcelación con ningun otra cuaestión que no sea la misma legalidad que explica que durante sus años de gobierno se produjeran 311 excarcelaciones de etarras, muchas de ellas por penas privativas de libertad que se extenían a cientos de años o a mil años en algún caso".

Esas excarcelaciones, añadió, se produjeron "cuando Acebes, Rajoy y Zaplana estaban en el Gobierno, conexactamentelos mismos dictámenes delegalidad de los mismos fiscales que hoy sirven en el Tribunal Supremo y de acuerdo con la misma jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo y el mismo ministerio fiscal".

En conclusión, López Aguilar dijo que el PP "no ha demostrado ni la centésima parte de la responsabilidad" que probó el PSOE mientras era oposición y llamó a los populares "al orden" exigiendo que acaben con "manipulaciones, infundios y mentiras sin límite". "La ciudadanía tiene derecho a saber que la ley es la grandeza del Estado de derecho y no su debilidad".

El ministro de Justicia aseguró que "en los márgenes de la ley, el Gobierno hará cuanto esté en su mano", lo que incluye la imputación de delitos a los etarras que los pudieran haber cometido durante su estancia en la cárcel, como ocurre con Parot, al que se acusa de incitación a la comisión de atentados por el contenido de una carta que escribió desde el penal en el que cumplía condena. De ser encontrado culpable se podría imponer una nueva condena que impidiera su excarcelación.

Alonso respondió a las críticas del consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkárraga Alonso, sobre la imputación a Parot para impedir su salida de la cárcel, asegurando que el Gobierno, "integrado por gente extremadamente racional", se está limitando a aplicar "el esquema normativo racional que es propio de la democracia" para solucionar el problema terrorista.

La respuesta del Ejecutivo es "la firmeza que mantiene el Gobierno que tenemos en la cabeza y no en el estómago ni en otros atributos a los que parece apelar de modo más o menos directo el consejero del Gobierno vasco. Vamos a seguir en la firmeza democrática hasta acabar con la organización terrorista y eso significa tener la cabeza fria y las ideas claras", sentenció.