ALONSO DICE QUE ESPAÑA ANALIZA SI PROCEDE SUSPENDER SCHENGEN COMO HA HECHO FRANCIA
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El ministro del Interior, José Antonio Alonso, dijo hoy que la secretaría de Estado de su departamento estudia si procede suspender el acuerdo de Schengen sobre circulación de personas, como ha hecho Francia, con el fin de prevenir atentados como los perpetrados en Londres la semana pasada.
Alonso, durante una rueda de prensa en la que presentó el balance de la lucha contra el crimen organizado durante los últimos seis meses, señaló que su "número dos", Antonio Camacho, está analizando esta cuestión junto con los responsables policiales.
El ministro destacó que será "sobre el juicio de los profesionales" sobre el que Interior tomará una decisión sobre si imitar a Francia y establecer mayores controles en las fronteras.
En todo caso, destacó que estos controles en ningún caso pueden afectar al principio básico de la Unión Europea de libre circulación de personas entre los distintos países.
ALERTA MÁXIMA No obstante, Alonso remarcó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya están vigilando las fronteras españolas en el marco de la aplicación del plan de prevención antiterrorista, que fue activado en su nivel máximo el mismo día de los atentados de Londres, por decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Destacó que la puesta en marcha de este plan implica dedicar a labores de vigilancia los máximos efectivos de la Policía y la Guardia Civil, así como recurrir a efectivos del Ejército, con el fin de garantizar la seguridad y proteger instalaciones sensibles, como centrales eléctricas o intercambiadores de transporte.
Por otra parte, el ministro defendió la pretensión de los responsables de Interior de la UE, que ayer se reunieron en Bruselas, de estudiar una normativa común para aumentar el control sobre el tráfico de llamadas telefónicas y correos electrónicos.
A este respecto, Alonso destacó que de lo que se trata no es de controlar el contenido de las comunicaciones, sino "datos objetivos" de las mismas, como la hora de las llamadas o a quien telefoneó una persona que puede estar implicada en la comisión de algún delito.
Destacó que de almacenar esta información se encargarían las propias empresas, por un período que podría ser de doce meses, pero que esto se haría respetando el sistema de garantías democráticas. Añadió, en este sentido, que libertad y seguridad "no son valores en modo alguno incompatibles, sinocomplementarios".
(SERVIMEDIA)
14 Jul 2005
NBC