En la comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el ministro aseguró que "no habrá desmilitarización" de la Guardia Civil aunque sí algunas "reformas" para mejorar su funcionamiento, y también "una inyección de medios, que falta hacía".

En el turno de respuesta a los distintos portavoces, el ministro defendió que el director general de la Guadia Civil "hizo en cada momento lo que tenía que hacer" tras conocer la muerte de un ciudadano en el cuartel de Roquetas de Mar (Almería).

Reconoció, sin embargo, que a la hora de hacer declaraciones "todos nos podemos equivocar y estar desafortunados en un momento dado".

En todo caso, el ministro dejó claro que el pensamiento del Gobierno es el ya reiterado, "tolerancia cero" ante cualquier irregularidad y depuración de responsabilidades.

DOS DENUNCIAS

El ministro confirmó que el teniente al mando del puesto de Roquetas fue objeto de dos denuncias, una en julio de 2004 y otra en febrero de 2005, "al parecer archivadas" en los mismos juzgados de instrucción ante las que fueron interpuestas.

Precisó, sin embargo, que al haber sido archivadas por el mismo juzgado de instrucción esas denuncias nunca llegaron a la cadena de mando de la Guardia Civil.

Pese a las insistentes preguntas de los portavoces, Alonso no ofreció detalles sobre lo que ocurrió en el cuartel en los minutos inmediatamente anteriores a la llegada de los equipos médicos, desde que las imágenes dejan de mostrar al teniente golpeando a Juan Martínez Galdeano.

Eso es algo que tendrá que determinar la autoridad judicial, dijo el ministro, como las responsabilidades individuales de cada uno de los agentes del cuartel una vez que las imágenes muestran que el teniente "llevaba la iniciativa" y los demás se limitaban a "observar".

Pero, en todo caso, para adoptar las medidas cautelares que ya se han puesto en marcha, basta con que estén relacionados. "Ahí no pueden estar ni un minuto más mientras no se aclare lo sucedido", aseguró.

Alonso volvió a defender la labor de la Guardia Civil y aseguró que su práctica "no es estructuralmente torturadora", como tampoco lo es la legislación española.

ARRUCHE "SE HABRIA COLUMPIADO"

Se mostró por ello de acuerdo con la apertura de una investigación y la adopción de posibles sanciones por la utilización de defensas telescópicas y eléctricas, una idea compartida, aseguró, por el director de la Guardia Civil y por el conjunto de los mandos del cuerpo.

Como muestra de que los malos tratos a detenidos no son algo habitual en este cuerpo, precisó que en 2004 la Guardia Civil practicó más de 119.000 detenciones y sólo se presentaron 32 denuncias contra agentes.

Estos datos fueron expuestos por Alonso en su respuesta a los portavoces de los grupos parlamentarios. El más crítico de todos ellos fue Ignacio Astarloa, del PP, cuya posición el ministro consideró "extraña" por haber estado en el departamento.

Alonso reprochó a Astarloa su tendencia a identificar al ministro con un "mando operativo" de la Policía Nacional y la Guardia Civil. "Va a acabar diciendo que tengo que bajar a la calle a poner y quitar las esposas", comentó con ironía.

Astarloa dijo al ministro que el director general de la Guardia Civil tendría que haber extendido desde el primer momento las medidas cautelares a todos los agentes, sin esperar a la autopsia del fallecido.