Alonso explicó que el Grupo Socialista presentará una enmienda que evidencia que el PSOE no quiere una "categorización legal del concepto de víctimas del terrorismo", que son "todos los que sufren como sujetos pasivos los delitos de terrorismo".

El Gobierno y el Grupo Socialista pretenden implantar un tratamiento "integral de las víctimas" y, para ello, ultiman un "proyecto para mejorar todo el estatuto de víctimas, que no se centra en el aspecto parcial" al que se refiere la moción de Rosa Díez.

La diputada y líder de UPyD pide en su iniciativa que las personas que necesitan escolta debido a la amenaza de ETA sean consideradas como víctimas del terrorismo.

Esta moción es consecuencia de la interpelación que esta diputada defendió el pasado miércoles en la Cámara Baja, en la que solicitó que se amplíe el concepto legal de víctima del terrorismo.

Díez solicita que, en el marco de la próxima reforma de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, se reconozca expresamente esta condición a nuevas personas.

En concreto, Rosa Díez plantea que se reconozca como víctima "con los derechos específicos que la ley reconozca" a las personas que residen en el País Vasco y Navarra y que, en algún momento desde 1978, han necesitado escolta "como consecuencia del riesgo de atentado terrorista".

También sugiere que se defina como víctimas a "las personas que hayan sufrido campañas difamatorias e intimidatorias a cargo de ETA o de grupos y organismos a sus órdenes, en forma de carteles y pintadas en la calle o en sus centros de trabajo (...)".

También debería darse la condición de víctima a los que han sido convertidos "en objetivos de acciones terroristas" mediante "informaciones publicadas en medios de comunicación afines".

Otros grupos de ciudadanos que deberían también ser reconocidos por el Estado son aquellos "que hayan sufrido ataques del terrorismo callejero o 'kale borroka' en sus domicilios, bienes particulares y locales de negocios".

Por último, Díez cree que también debe considerarse como víctimas a quienes "por efecto del acoso y la persecución terrorista, se hayan visto obligadas a abandonar su domicilio habitual o cambiar de trabajo y negocio contra su voluntad".