Este coloquio se enmarca dentro de las actividades programadas en la I Conferencia Internacional sobre "Televisión por cable y futuras autopistas de la información en España", que durantehoy y mañana se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca, organizada por la Junta de Castilla y León.

Dada la situación de alegalidad en materia de regulación del cable en España y el creciente desarrollo del sector, ambos grupos políticos proponen un modelo que mañana enfrentarán a lo largo de un almuerzo coloquio.

Mientras el Partido Popular (PP) propone la consideración de la televisión por cable como una actividad de interés general, superando de ese modo el concepto de elevisión como servicio público esencial de titularidad estatal, según su última proposición de ley del pasado 13 de septiembre, el Grupo Socialista recuerda que según la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) la televisión hay que considerarla como un servicio público esencial, criterio convalidado por el Tribunal Constitucional.

AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES

Siguiendo con las diferencias, el modelo del PP propone que estas televisiones no estén sujetas a concesión por parte del Gobierno, ino a tantas autorizaciones como servicios específicos se presten a través de la red del cable, pero como éstas ocupan el dominio público, los ayuntamientos serían los encargados de otorgar las concesiones demaniales pertinentes, o las comunidades autómomas en caso de que superen el ámbito de un determinado municipio.

Al Estado, de acuerdo con el modelo defendido por los populares, le corresponderían la fijación de reglas técnicas, la garantía del cumplimiento de las normas sobre limitación de la concntración de redes y otras determinaciones generales.

Por su parte, el Grupo Socialista mantiene el carácter de servicio público para esta televisión y por tanto de titularidad estatal y rechaza la exclusión del Estado en las competencias de concesión, así como la pretensión de eliminar de toda participación en el sector a la compañía Telefónica, participada en minoría por el Estado, por cuanto el PP propone la total exclusión de la participación del sector público en las sociedades operadoras del cabl.