A su juicio, la desclasificación total permitirá la interpretación correcta de ciertos extremos contenidos en ellos y en especial, dejará claro que las siglas 'Pte' contenidas en los mismos significan "pendiente", y no "presidente".

Según Almunia, se evitará así la reiterada "tergiversación" de las informaciones y es posible que "a partir de ahora el gran Jaime Capmany, el editorialista de El Mundo y, con otra consideración, el señor Atutxa" dejen de relacionar esa siglas con el anterior responsable del Gobierno, Felipe González.

Almunia advirtió, sin embargo, que la desclasificación "ha sentado un precedente grave" que significa ue el Gobierno ha "cedido" a las presiones "de quienes le mandan", incurriendo en una "dejación de responsabilidades que implica que a partir de ahora el Ejecutivo estará en una posición difícil para defender la seguridad del Estado".

El responsable socialista vaticinó que desde este momento cualquier ciudadano que crea que determinada documentación de los servicios secretos le puede ser útil para su defensa, puede solicitar la desclasificación con la consiguiente inseguridad jurídica que ello puede poducir.

Advirtió, asimismo, que ahora será difícil "restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado, después que el Gobierno le haya endosado una responsabilidad que le compete al poder judicial".

Por ello, ha solicitado al Gobierno que presente cuanto antes su proyecto de ley de secretos de Estado en el que, a su juicio, la responsabilidad sobre la clasificación de los secretos debe recaer sobre el poder ejecutivo, quedando la función de controlar su actuación en manos del Parlamento.

"No es posible que para esa función se confíe más en quien no pasa por las urnas que en quien se somete al juicio de las urnas cada cierto tiempo", aseguró.

Se mostró convencido de que el levantamiento del secreto no va a influir en la situación de los imputados en el caso GAL, puesto que la capacidad de prueba de los documentos está en entredicho. "Se trata de material robado, del que no existe referencia de los originales y que ha podido ser manipulado durante el tiempo que estuvo fuera del centro.En este caso, creo que tendrá el mismo valor porbatorio que las cintas grabadas del caso Naseiro".

En conclusión, los socialistas consideran que "hubiera sido mejor que no se hubiese desclasificado ningún documento", que el Gobierno hubiera hecho oidos sordos a quienes le presionaron para que cambiara su criterio a cerca del levantamiento del secreto y que "la Ficalía no hubiera dado un giro de 180 grados en su actuación".