Almunia se comprometió a incluir en su programa electoral algunas de las peticiones y recomendaciones que le hicieron en una reunión los responsables de la Confedración Nacional de Subcontratistas de Obras Públicas (CONASCOP), y la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO).

Tanto en la reunión como después, en la rueda de prensa, Almunia defendió la necesidad de corregir la Ley de Contratos de la Administración para reducir el desequilibrio entre el plazo de pago de las grandes empresas, que ronda los dos meses, y el de las subcontratistas, que llega a los siete meses.

Almunia recordó que las empresas subcotratistas, que dan trabajo a unas 800.000 personas, ejecutan el 70% de las obras públicas "y tienen el mismo derecho a cobrar en plazos razonables, es sesenta días como máximo".

También se comprometió a mejorar la aplicación de la Ley de Prevención de Accidentes Laborales, para que los recursos dedicados por la Administración a este fin lleguen de forma efectiva a las empresas subcontratistas.

Además de adquirir estos compromisos, Almunia exigió una actuación concreta del Tribunal de la Competenca para frenar los "abusos" que las grandes empresas infligen a las pequeñas y medianas subcontratistas y que la ley prohibe expresamente.