Almunia afirmó que el PSOE no puede admitir "que tengamos todos los días las opiniones sobre cualquier asunto de unos autodenominados jueces naturales, que parecen haber tomado sobre sus espaldas la responsabilidad de dictar sentencis en nombre de todos los jueces de este país".

El dirigente socialista aseguró que las asociaciones judiciales tienen unas competencias, "que desde luego no son las de condicionar e interferir la independencia judicial, que creo que lo están haciendo continuamente".

A su juicio, idéntica actitud a la de las asociaciones judiciales está mostrando, "un día si y otro también", el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Manzanares.

Almunia pidió al CGPJ y a las asociacioes de magistrados que abran una reflexión sobre la responsabilidad de los jueces, al hilo de casos como "la flagrante conculcación de normas esenciales del funcionamiento democrático de la Justicia que ha cometido el juez Moreiras en los últimos días".

"Pido al CGPJ y a las asociaciones de jueces que reflexionen sobre cómo resolver este tipo de comportamientos, sobre cómo exigir responsabilidades desde el propio poder judicial a jueces que se comportan de forma tan manifiestamente ilegal como lo ha heho el juez Moreiras y que dejen de juzgar lo que otros jueces tienen la obligación de juzgar", añadió.

OBSTACULO A LA JUSTICIA

Sobre el conflicto de jurisdicción que ha planteado el Gobierno contra el juez Baltasar Garzón, Almunia indicó que el Ejecutivo se ha limitado a emplear una ley que aprobó en su día el Parlamento.

Respecto a este asunto, también se pronunciaron al término de la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso los representantes del resto de grupos parlamentarios.

Enrque Fernández Miranda, portavoz adjunto del PP, señaló que su grupo no quiere entrar a valorar en detalle este asunto, pero tiene claro que "la Justicia debe encontrar facilidades para su actuación".

Para Rosa Aguilar, portavoz de Izquierda Unida, el Gobierno ha recurrido a esta "artimaña" del conflicto de competencias para "obstaculizar la acción de la Justicia". Aguilar denunció la contradicción en que, a su juicio, incurre el Ejecutivo cuando por un lado pide a la oposición que deje investigar a lo jueces y al mismo tiempo se niega a dar unos documentos a Garzón.

Joaquim Molins, de CiU, indicó que su grupo no quiere valorar esta iniciativa del Gobierno, porque los conflictos competenciales se dirimen en las instancias judiciales y CiU quiere respetar el ordenamiento jurídico.