Se refirió a las ventajas fiscales que han conseguido las rentas altas, con las reformas introducidas por el Gobierno en el los impuestos directos, pero indicó que "el inefable profesor Barea ya nos anuncia que las pensiones, incluidas las mínimas, no van a subir ni tan siquiera lo que van a aumentar los precios".

En relación a esto, Almunia destacó que el ministro de Trabajo dijo que las pensions tenían que crecer al 2,1%, pero "es Arenas el que se ha opuesto a las emiendas del PSOE en el Parlamento para evitar que se produzca una reducción del poder adquisitivo de los pensionistas, cosa que sería intolerable".

Asimismo, el partido socialista intentará en los Presupuestos Generales de 1998 se introduzca una retribución salarial de los empleados públicos, para saber qué va a pasar con los salarios congelados de 1997 y así combatir el aumento de las desigualdades sociales.

Este órgano de irección territorial socialista discutió sobre el futuro del Estado de las autonomías y sobre las posibles repercusiones negativas del uso de la capacidad normativa por parte de las comunidades.

APLICACION DE LA LOGSE

El secretario general del PSOE calificó de "graves" los problemas en la aplicación de la LOGSE, que se están manifestando tanto en las Comunidades Autónomas en las que la educación Primaria y Secundaria sigue siendo gestionadas por el Ministerio de Educación, cuanto en las Comunidades n las que ya recibieron los trapasos de competencia educativos.

"Nos parece", dijo, "que los presupuestos del Estado para Educación y el flujo de recursos que el Gobierno está dispuesto a dedicar a este tema en 1998 y los años siguientes, no son suficientes para aplicar la LOGSE".

Almunia subrayó que la Educación está siendo, junto con la inversión pública, "el último de la cola" a la hora de recibir dinero público y consideró que la mejor inversión que se puede hacer en un país con sus recursos úblicos es en la Educación.

SANIDAD

El dirigente socialista también se refirió a las necesidades de financiación de la sanidad pública que el Gobierno ha fijado en 200.000 millones de pesetas, por lo que consideró que "si se cumplen y se garantizan unos criterios de distribución equitativos, sólo quedará por discutir cómo se financian".

Almunia mostró su desacuerdo con las fórmulas de copago, y mucho menos, "con que los ciudadanos que van a un hospital tengan que ir con la cartera para pagar la comidas".