Así lo dijo Almeida durante una entrevista para RNE, recogida por Servimedia, en la que habló de la investigación que pesa sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos, en la causa por la que está imputada la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.

El primer edil afirmó que "cuando desde el Palacio de la Moncloa se da una instrucción" para la filtración de informaciones en el marco de la causa contra la pareja de Ayuso, "parece razonable" calificarlo de "operación de Estado contra un adversaria política".

"Sabemos que desde el Palacio de la Moncloa se pasó ese documento a Juan Lobato, a mí no me parece exagerado, sino adecuado, decir que hay una maquinaria del Estado que ha buscado en este caso el perjuicio político y personal incluso de Isabel Díaz Ayuso", apuntaló.

Por otra parte, replicó a los argumentos que apuntan a que la Fiscalía General del Estado filtró los datos de González Amador para contrarrestar unas informaciones que decían que la Fiscalía había ofrecido pactar a la pareja de Ayuso si se declaraba culpable. Así, Almeida expresó que "si uno considera que una información no es veraz tiene múltiples medios en un Estado de Derecho" pero no tiene por qué "cometer un delito".

Es decir, que a su juicio, si "el fiscal general del Estado entendía que esa información no era adecuada, que perjudicaba la imagen de la Fiscalía o no se ajustaba a la realidad tenía medios en un Estado de Derecho para acudir a ellos, más allá de violar el secreto profesional, que es por lo que está siendo procesado en el Tribunal Supremo".

Este martes se conoció además que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, acudirá a declarar como testigo en la causa contra el fiscal general. Almeida reprochó que algunos piensen que esa citación pueda "devolver el relato a donde algunos quieren que sea el origen", que es si Rodríguez filtró inicialmente la tesis de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, provocando que se filtraran los datos del caso, para contrarrestar esa tesis.

En cualquier caso, para Almeida no se puede "comparar" que a Miguel Ángel Rodríguez se le "cite como testigo" que es "casi obligado en el marco del proceso" a que "uno esté imputado" como sucede con el fiscal general del Estado, "después de una investigación" y después de "un informe de la UCO" que dice que dice que García Ortiz tuvo "una posición premanente en filtrar esa información".