Tras dejar claro que en una economía libre, como la española, los precios no se pueden controlar administrativamente, explicó que puede haber circunstancias justificadas que ocasionen subidas de precios, como la climatología, y otras injustificadas, como el caso de agentes económicos que introducen distorsiones en la adena de distribución.

Agregó que precisamente estas últimas son las que está investigando el Servicio de Defensa de la Competencia. En cualquier caso, dijo que "no creo que estas cosas se puedan resolver nunca en una película de malos y buenos y, mucho menos, en unas acusaciones a un determinado sector en contra del resto de la sociedad".

A su juicio, "no cabe duda de que pueden haber conductas aisladas que deban ser investigadas y, si hubiera infracciones, sancionadas". Rato dijo que las adminitraciones públicas deben "vigilar" que no se produzcan esas distorsiones en la competencia y acometer políticas que hagan que los consumidores tengan mejores oportunidades de compra.

En relación con la propuesta de doble etiquetado en los productos para controlar los precios, dijo que "no me parece mal", aunque, a su juicio, "puede tener dificultades de aplicación y de puesta en marcha". En cualquier caso, insistió en que la cuestión no está en el doble etiquetado y en que lo que el Gobierno debe insitir es en que el consumidor se fije, compare y elija los canales que más le convienen en términos de producto y calidad.