En nota de prensa, Alianza Verde, que no cuenta con diputados en esta legislatura por el reparto de puestos en las listas que estableció el acuerdo de coalición, deslizó que le "hubiera gustado, como partido integrante de la coalición Sumar, conocer el estado de las negociaciones y el propio acuerdo antes de su presentación pública", porque "el respeto de los procedimientos también es una garantía democrática", y, además, "hubiera permitido" al partido promover medidas "más ambiciosas o concretas".

La formación liderada por el exdiputado Juantxo López de Uralde detalló sus objeciones señalando, por un lado, que el que el acuerdo señale que "España realizará la contribución que le corresponda para cumplir con el objetivo de un 55% de reducción de emisiones en 2030” no significa que España vaya a reducir un 55% de sus emisiones, y que "las cifras y fechas de referencia en los objetivos de reducción de emisiones deben siempre usarse de forma clara, sin ambigüedades, para que puedan ser medibles y evaluables".

Por otra parte, denuncia que "es una profunda contradicción que al mismo tiempo que se impulsan políticas de reducción de emisiones, se estén dedicando ingentes sumas de dinero público a las distintas fases de la industria fósil", por lo que el texto debe "incorporar medidas para la desinversión en combustibles fósiles, hasta su total eliminación", y que "muchos de los compromisos" del acuerdo son "meramente genéricos, sin ninguna concreción que permita medir su cumplimiento". En cuanto a la ley de residuos prevista en el acuerdo, reclama "poner en marcha, sin más dilación, el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno que está contemplado en la propia ley" de Cambio Climático, "pero al que el Partido Socialista se sigue resistiendo".

En resumen, Alianza Verde demanda cinco medidas urgentes que ya ha presentado en otras ocasiones: la revisión al alza de los objetivos de la ley de cambio climático "clarificando que el objetivo de reducción de emisiones del 55% para 2030 es nacional, y no una contribución para conseguir el objetivo europeo", la creación de una empresa pública de energía, la puesta en marcha de una tarjeta única para el transporte público estatal, una auditoría en la que se clarifique cuanto dinero público va dirigido todavía a la industria fósil, con un plan de desinversión, y aprobar una ley de adaptación de las ciudades al cambio climático.