"Hasta el momento, hemos podido evidenciar una vez más que ni por parte del Gobierno español ni por parte de la mayoría de los partidos políticos existe voluntad política para abolir la deuda externa, el principal obstáculo que impide una coherente lucha contra la pobreza y en favor de los Derechos Humanos", lamenta la organización de lucha contra la pobreza.

En su opinión, dicha ley sólo recoge "una mínima parte" de la demandas de la sociedad civil, como son la vinculación de la gestión de la deuda con la política de cooperación y algunos aspectos de transparencia informativa y participación.

"La mayoría de los aspectos que pretende regular la ley siguen una línea continuista con las políticas anteriores de gestión de deuda, con las que nosotros no estamos de acuerdo", por lo que "no se vislumbra avance alguno".

Frente a esta realidad, la Alianza Española contra la Pobreza asevera que "aún estamos a tiempo de mejorar esta ley". Para ello, pide los grupos parlamentarios que prolonguen el periodo de debate parlamentario, lo hagan público y profundicen el diálogo con la sociedad civil.

Entre otras cuestiones, reclaman que incluyan en el articulado de la ley aspectos tan importantes como el principio de corresponsabilidad entre acreedores y deudores, acompañado de auditorías integrales de la deuda, para evaluar el origen de la misma.

También quieren que exista un compromiso para no contabilizar las cancelaciones de deuda como Ayuda Oficial al Desarrollo.

"El acuerdo sobre esta nueva ley", concluye la Alianza, demostrará si existe un "doble rasero" en la política de cooperación del Gobierno socialista, "si dicha política está subordinada a las órdenes del Ministerio de Economía o, si por el contrario, pretende luchar contra las verdaderas causas de la pobreza".