No obstante, esta organización, de la que forman parte asociaciones como la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en España, el Consejo de la Juventud o Comisiones Obreras, valoró en un comunicado la inclusión de un "compromiso" en dicho texto "para empezar a desvincular las conversiones de deuda a los intereses comerciales españoles" y para regular el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), "uno de los dos mecanismos de generación de deuda".

El pasado 30 de mayo, la Ponencia sobre la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa aprobó en la Comisión de Exteriores del Congreso el Dictamen de dicha Ley, que se someterá a votación en el Pleno del Congreso el próximo 22 de junio.

La normativa, que ha contado con un amplio consenso, convertirá a España en el segundo país europeo en regular por ley la gestión pública de la deuda externa.

Así, y con el fin de conseguir que se convierta en "una herramienta eficaz orientada a la lucha contra la pobreza", la Alianza considera necesario introducir una serie de modificaciones en el articulado de la mencionada ley.

Entre otras reivindicaciones, exigió la participación de la sociedad civil en el proceso de regulación del FAD; incluir mecanismos de evaluación y auditorías; facilitar al máximo la información disponible sobre cualquier aspecto relacionado con la gestión de la deuda (proyectos financiados, empresas que se benefician de los mismos) y precisar, de forma concreta, la responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.