En un comunicado, FUCI explica que esta clase de venta se realiza mediante la convocatoria de concursos en los centros escolares con el objetivo de conseguir los datos personales de los alumnos, que posteriormente las editoriales utilizan para presentarse en las casas y vender lo libros como si se tratara de una recomendación del colegio.

Una vez concretada la operación y firmada la domiciliación bancaria, el agente comercial no entrega factura ni copia escrita de lo acordado ni nada que permita identificar a la empresa, sólo el número de su teléfono móvil. Ante las reclamaciones, el comercial argumenta que no es posible anular lo acordado, pese a que este tipo de contratos pueden anularse en un plazo de siete días.

Ante estos hechos, FUCI recuerda que no debe aceptarse a imposición de ninguna compra, y que el vendedor tiene la obligación de dejar una factura en la que conste el nombre de la empresa, su domicilio y su CIF, además de un contrato con las condiciones acordadas.