Estas ONG consideran "inadmisible" que los propietarios de esta finca "quieran recalificar el suelo para cultivar cereal de secano y fresas".

Según informan, el terreno, de 141 hectáreas y propiedad de SAT Alconeras, fue denunciado y sancionado por delitos ambientales en los años 1998 y 1999 por corta y arranque de árboles sin autorización.

Ambas organizaciones solicitan a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que emita un informe desfavorable al cambio de uso de este suelo "por problemas con el hábitat, de riesgo de erosión y la existencia de incendios forestales en el año 1998", además de "por la elevada presencia de lince ibérico en la zona".

Finalmente, instaron a la Agencia Andaluza del Agua el cierre inmediato de los pozos ilegales que, según aseguran, existen en ella.