Así lo dijo en respuesta a una pregunta en el Congreso del diputado del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Joseba Andoni Agirretxea sobre si el Gobierno es consciente de los “problemas” que está generando la obligatoriedad de incluir en el sistema de Seguridad Social al alumnado de formación profesional para poder realizar prácticas curriculares en empresas.

La ministra calificó la medida de “muy positiva” por el hecho de que los alumnos “estén cotizando mientras se están formando”. Recordó que la propuesta fue consensuada con sindicatos y patronales, pero avanzó que “una vez que concluya el plazo del primer año de la puesta en marcha de esta medida” van a “escuchar propuestas” de las autonomías “para llevar los ajustes que sean necesarios”.

El parlamentario calificó la medida de “piedra incómoda en el zapato” al ser una decisión “impuesta por otros ministerios”, que ha generado “muchos problemas para hacer esas prácticas” y que supone un “grave error”, pues “no son trabajadores, son alumnos”. Para argumentarlo, el diputado vasco puso el ejemplo de que “desincentiva a las empresas” a acoger a alumnos en prácticas, no permite el acceso a las prácticas a migrantes que sí pueden estudiar y que limita las prácticas a seis meses, aunque el curso dura diez.