La comparecencia del etarra fue solicitada al magistrado por el fiscal del caso, quien también pidió a Gómez de Liaño la práctica de otra serie de diligencias, entre ellas un examen forense de las ropas que vestía Aldaya en el momento de su liberación.

El nombre de Aldaya figuraba, entre el de otros empresarios, en la documentación incautada a dicho comando en julio de 1991 tras su desarticulación por la Guardia Civil. En ella, los etarras consideraban al empresario como uno de sus objetivo de secuestro, por cuyo rescate estimaban que podían obtener hasta 1.000 millones de pesetas.

En su informe, los etarras destacaban la buena situación económica de las empresas de Aldaya debida, fundamentalmente, a un contrato indefnifido suscrito con Telefónica para el reparto de guías "con lo que los ingresos pueden garantizarse y puede aumentar". "Si se quiere se le puede secuestrar y pedirle más de 1.000 millones", precisaban.

Según los etarras, "no hay problemas para hacerlo ya que no tiene uardaespaldas ni toma medidas de seguridad". Agregaban que "se le puede pillar con facilidad" en su empresa hacia las 8 de la noche o vigilar su coche para capturarle cuando se dirigiese a su casa.

Castro Sarriegui se encuentra actualmente en prisión después de ser condenado a 66 años de cárcel en 1993 por la Audiencia Nacional por los delitos de pertenencia a banda armada, atentado, asesinato frustrado, utilización ilegítima de vehículo de motor y estratos. La audiencia también impuso la misma pena alos otros 4 miembros del comando.

En concreto, el tribunal le condenó por atentar el 29 de septiembre de 1991 mediante la colocación de un coche-bomba contra una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián, que ocasionó heridas a dos agentes e importantes daños materiales.

Además, también se atribuye al 'comando Ipar-Haizea' la colocación de dos bombas en viviendas de familiares de policías en Pasajes y los asesinatos de un guardia civil en el puerto de esa localidad y de un joven enRentería.