Castro Sarregui había sido citado a declarar por el magistrado en relacin a un manuscrito, que se le atribuye, con informaciones sobre Aldaya, que fue incautado por las fuerzas de seguridad del Estado durante la desarticulación del 'comando Ipar-Haizea'.

Así, el juez comenzó poco después de las 10 de la mañana a tomar declaración al etarra en su despacho, en presencia de su abogada, Ainoha Baglietto, el fiscal del caso, una funcionaria judicial y dos agentes de las fuerzas de seguridad.

La diligencia transcurrió normalmente hasta que poco antes de las 11 horas y súbiamente, el etarra se abalanzó sobre la mesa del magistrado, derribando a su paso a la funcionaria judicial, y provocando desperfectos en una lámpara, la máquina de escribir y la bandera de España que se encuentra en el despacho.

Desde allí, se arrojó contra la ventana del despacho, situado en el primer piso de la Audiencia Nacional, con el fin de huir del edificio, lo que no pudo lograr dado que aunque llegó a golpearse con su cara contra la ventana, no pudo romperla porque tiene los cristales blindads.

Inmediatamente, el etarra fue reducido por los dos agentes, quienes tuvieron que pedir refuerzo a sus compañeros de la Audiencia Nacional, y posteriormente fue trasladado a los calabozos del edificio.

Durante el forcejeo, uno de los agentes resultó con heridas leves, mientras que el etarra, al que le habían quitado las esposas durante su declaración, fue esposado de nuevo y conducido inmediatamente a los calabozos de la Audiencia Nacional.

Allí, fue reconocido por un médico forense, que crtificó que se encontraba en buenas condiciones físicas y mentales para continuar prestando declaración, lo que así ocurrió poco después.

De acuerdo con las citadas fuentes, la acción del etarra se debió a una reacción ante las pruebas incriminatorias existentes en su contra sobre su participación en el secuestro de Aldaya, por el que fue procesado por el juez al término de la declaración, como autor por cooperación necesaria de un delito de detención ilegal a cambio de rescate.

Así, durante su cmparecencia, el magistrado mostró al etarra un documento con informaciones de Aldaya que, según informes periciales, fue redactado por Castro Sarregui de puño y letra, lo que éste negó.

Este documento fue incautado al comando 'Ipar-Haizea' en julio de 1991 tras su desarticulación por la Guardia Civil y en él los etarras consideraban al empresario como uno de sus objetivos de secuestro, por cuyo rescate estimaban que podían obtener hasta 1.000 millones de pesetas.

En dicho informe, los etarras desacaban la buena situación económica de las empresas de Aldaya debida, fundamentalmente, a un contrato indefinido suscrito con Telefónica para el reparto de guías "con lo que los ingresos pueden garantizarse y puede aumentar". "Si se quiere se le puede secuestrar y pedirle más de 1.000 millones", precisaban.

Según los etarras, "no hay problemas para hacerlo, ya que no tiene guardaespaldas ni toma medidas de seguridad". Agregaban que "se le puede pillar con facilidad" en su empresa hacia las 8 de la noce o vigilar su coche para capturarle cuando se dirigiese a su casa.

Según indicó la abogada del etarra, éste negó durante su declaración haber elaborado dicho documento y dijo no conocer a José Ignacio Echeverría Pascual, en cuyo domicilio fue incautado el informe. Asímismo, negó su pertenencia al comando y a ETA.

Castro Sarriegui se encuentra actualmente en prisión después de ser condenado a 66 años de cárcel en 1993 por la Audiencia Nacional por los delitos de pertenencia a banda armada, atentao, asesinato frustrado, utilización ilegítima de vehículo de motor y estragos. La Audiencia también impuso la misma pena a los otros 4 miembros del comando.

En concreto, el tribunal le condenó por atentar el 29 de septiembre de 1991, mediante la colocación de un coche-bomba, contra una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián, que ocasionó heridas a dos agentes e importantes daños materiales.

Además, Castro Sarregui, que fue juzgado de nuevo por la Audiencia Nacional la pasada semna, también está implicado en la colocación de dos bombas en viviendas de familiares de policías en Pasajes y los asesinatos de un guardia civil en el puerto de esa localidad y de un joven en Rentería perpetrados por el 'comando Ipar-Haizea'.