El propio Aldama remitió este documento para colaborar con la investigación en curso señalando que varias constructoras suscribieron contratos de consultoría con Víctor Ábalos para gestionar obras adjudicadas en el extranjero que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España.

Según apuntó Aldama, José Luis Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto, no tenía capacidad financiera para poder sufragar la compra del inmueble y, por tanto, este contrato entre Aldama y el exministro permitía al exdirigente socialista "asegurarse el cobro de las comisiones futuras".

Con este objetivo se llegó a concertar en abril de 2019 un contrato que Aldama describe como "una especia de fiducia de garantía" que consistía en un contrato de arrendamiento con opción de compra que expiraba el 14 de febrero de 2024.

Como prueba de todo ello, Aldama aportó en este documento al Tribunal Supremo una serie de mensajes con el hijo de Ábalos en los que esta persona “requirió varias veces información acerca de cómo se realizaría la transmisión del inmueble sito en el Paseo de la Castellana".

Según Aldama, "este método de contrato de arrendamiento con opción de compra" era en realidad una tapadera porque una vez abonadas las comisiones, el contrato quedaba sin eficacia. De hecho, Aldama indicó que no llegó a ejecutarse "una vez el compromiso se había hecho efectivo".